El país anfitrión de la próxima Conferencia de las Partes (COP10) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco prohíbe los cigarrillos electrónicos. ARDT-PANAMÁ advierte que las restricciones a los productos de vapeo tendrán consecuencias: empujarán a los vapeadores a productos ilegales de calidad cuestionable y dejarán a los fumadores sin opción.
“La Asociación de Reducción de Daño por Tabaquismo de Panamá y la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo, rechazan la sanción por parte del presidente de la República, Laurentino Cortizo, de la ley que prohíbe los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos sin combustión alternativos a los cigarrillos y advierten que con esta decisión se seguirá incentivando a más de 280 mil fumadores a continuar fumando cigarrillos tradicionales en el país, con todas las implicaciones que esto puede generar para la salud de la persona y sus familiares”.
El 30 de junio, casi un año después de que la Asamblea Nacional de Panamá aprobara una ley que prohíbe la venta de productos de vapeo, el presidente panameño Laurentino Cortizo dio su aprobación al proyecto de ley que prohíbe la venta e importación de todos los productos para vapear, con o sin nicotina, y para calentar tabaco.
“Ambas asociaciones coinciden en que prohibir los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y similares, con o sin nicotina, es un total contrasentido cuando estas alternativas son demostradamente menos dañinas que el cigarrillo de combustión; hallazgo con el que están de acuerdo autoridades internacionales de primer nivel como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos y las autoridades de salud de los gobiernos del Reino Unido, Nueva Zelanda, Uruguay y México, para nombrar algunos, recuerdan los representantes de las asociaciones”.
Hitler Cigarruista, presidente de la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo, dijo que la sanción por parte del presidente Cortizo contradice el argumento que utilizó en mayo de 2020 cuando vetó parcialmente esta misma iniciativa.
“Hace tan solo 2 años atrás, el presidente señaló que, al elegir la prohibición absoluta de cigarrillos electrónicos, vaporizadores y similares, como medida para controlar su comercialización, el Estado perdía la posibilidad de activar mecanismos de recaudación aduanera y tributaria que pudieran financiar los programas para garantizar el cumplimiento de temas regulatorios relacionados al tabaco”, cuestionó Cigarruista.
Además, agregó que “con su firma ha sancionado una ley que viola el derecho que tienen los más de 280 mil fumadores panameños a tener acceso a alternativas de riesgo reducido como los cigarrillos electrónicos y calentadores de tabaco, perpetuando a su vez los efectos altamente dañinos del humo de segundo mano en casi un millón de personas que conviven con fumadores”.
A los argumentos de Cigarruista se suma Tomás Sánchez, presidente de la Asociación de Reducción de Daño por Tabaquismo de Panamá, quien añade que en ese veto el presidente Cortizo reconoció que en ese momento el comercio ilícito de cigarrillos combustibles en Panamá acaparaba el 80 % del mercado total: 55 millones de cajetillas anuales. Esto representa alrededor de 165 millones de dólares anuales en lavado de dinero y expone a los consumidores a productos sin ningún tipo de regulación o control sanitario.
Sánchez menciona que el presidente ha reconocido que, aunque en Panamá está prohibida la comercialización del cigarrillo electrónico desde 2009, estos productos son adquiridos en el extranjero, donde su comercialización es permitida, o bien son adquiridos por internet.
“Con esta sanción se está enviando un mensaje al mercado ilícito de que en Panamá está permitido el contrabando, violando así todos los convenios internacionales que ha firmado Panamá para combatir el contrabando”, advirtió Sánchez.
El presidente de la Asociación de Reducción de Daño por Tabaquismo de Panamá puntualizó que con esta sanción el presidente Cortizo condena a los fumadores a seguir utilizando el cigarrillo de combustión. “No hay alternativas para ellos, mientras que en el resto del mundo tienen acceso a cigarrillos electrónicos y otros dispositivos sin combustión menos nocivos”, dijo.
La ley no penaliza el uso, pero prohíbe el vapeo en cualquier lugar donde no se permita fumar. La nueva ley también prohíbe las compras por Internet y otorga a los funcionarios de aduanas autoridad para inspeccionar, detener y confiscar envíos. Los revendedores pueden importar productos prohibidos destinados a la exportación a terceros países, según el periódico local La Prensa.
Panamá será sede de la Décima Conferencia de las Partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco en 2023, y ahora se une a más de una docena de países de América Latina y el Caribe que prohíben el vapeo, incluidos México, Brasil y Argentina. Gran parte del ímpetu de estas leyes proviene abiertamente de los grupos afiliados de control del tabaco financiados por Bloomberg Philanthropies, como Campaign for Tobacco-Free Kids y The Union y sus tentáculos locales. Su influencia en los países latinoamericanos y de bajos y medianos ingresos (LMIC) también se extiende a la Organización Mundial de la Salud, especialmente junto a la organización que administra el tratado internacional patrocinado por la OMS, el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT).
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